Aumento vital
El pasado 14 de agosto, el Gobierno oficializó un incremento de 75 nuevos soles en la remuneración mínima de los trabajadores pertenecientes al sector privado, con lo cual el sueldo mínimo se elevó de 600 a 675 soles. El segundo tramo de este aumento, que llegará hasta los 750 soles, se llevará a cabo en el transcurso del año 2012. Para Rendón, “este aumento de sueldo es una acción sensata, dado el estancamiento del salario en los últimos años, sobre todo en relación con el aumento de la productividad en las empresas. Sin embargo, aparte de este incremento, no se ha visto medidas que se puedan considerar estratégicas ni profundas”.

Con relación a este tema, el ex ministro de Trabajo, Jorge Villasante, cree que lo más saludable es que en nuestro país se empiecen a manejar sueldos diferenciados, de acuerdo con cada región, actividad económica y tamaño de empresa; es decir, institucionalizar el reajuste del sueldo, diferenciándolos a partir de cada realidad objetiva. “Por ejemplo, una microempresario en Huancavelica no va a poder pagar un sueldo similar a los que se pagan en Lima, o las empresas mineras no van a pretender pagar 700 soles si pertenecen a un sector tan rentable como el petróleo. Allí hay que jugar con variables que permitan acciones más objetivas”, manifiesta.

A propósito de este aumento, sería interesante revisar en un par de meses las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo y constatar cuánto efecto ha tenido el aumento de sueldo promulgado y a cuántos trabajadores realmente beneficia. Esto teniendo en consideración lo informal de nuestra economía, en la que más del 70% de trabajadores es contratado por mypes que difícilmente pagan el sueldo mínimo vital. A esto sumémosle que, en la actualidad, no existe una política de remuneraciones que garantice que los pagos realizados a los servidores públicos reflejen objetivamente la complejidad y responsabilidad de la tarea realizada y la productividad del trabajador.

¿Dónde quedó Servir?
La incertidumbre existente sobre el futuro inmediato de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), ha quedado momentáneamente de lado. Pese a los fuertes rumores sobre la absorción de este organismo por parte del Ministerio de Trabajo, hace pocas semanas se ratificó la independencia y autonomía de la entidad con la designación de Jorge Arrunátegui Gadea como su nuevo director. Servir es una entidad que aún está en su fase inicial, la misma que debe continuar y no centrarse únicamente en capacitar a gerentes públicos, sino que su función debería expandirse a la mayor cantidad posible de trabajadores. Darle continuidad a este organismo es la única forma de poder medir si los resultados son positivos o no.

Asimismo, es un error creer que hay que empezar de cero en temas de empleo público. El trabajo realizado por Servir desde finales del 2008 ha impulsado y probado con éxito modernos instrumentos de gestión humana, como la evaluación de conocimientos, el Cuerpo de Gerentes Públicos, el Registro Nacional del Personal del Servicio Civil, la puesta en funcionamiento del Tribunal del Servicio Civil para solucionar los conflictos entre el Estado y sus empleados y mejoras en la calidad de la capacitación de las personas al servicio del Estado. Para Edmundo Beteta, ex presidente de Servir, “el éxito en el diseño y ejecución de políticas que mejoren el crecimiento y la inclusión social se decide en la idoneidad de las personas que trabajan en ellas. La calidad de los servidores públicos aumenta el bienestar ciudadano y reduce la corrupción”.

Cabe mencionar que en la anterior gestión se elaboró el proyecto de ley de funcionarios, empleados de confianza y directivos, el mismo que actualmente se encuentra engrosando los archivos del Congreso. Este propone una política de Estado basada en principios de mérito, igualdad de oportunidades e imparcialidad en el ingreso a puestos, la permanencia y remuneración de directivos supeditada al cumplimiento de metas, y objetividad para definir remuneraciones competitivas para cada puesto, de manera técnica y no arbitraria. Así, las entidades y sus autoridades podrían reclutar servidores para puestos de confianza, cumpliendo requisitos mínimos y, gradualmente, se podrán definir puestos claves en que se apliquen estos principios en todos los niveles del Estado. Como para tener en cuenta.

En busca de tierra firme
La formación de la comisión de expertos, exclusiva para la revisión de la LGT, demuestra que uno de los objetivos principales de este Gobierno es que este instrumento legal finalmente sea aprobado y entre en ejecución. Para Juan Pablo Delgado, "la LGT tenemos que pensarla sin “mirarnos a los pies”. ¿Cuánto contribuye la rigidez de nuestras leyes a generar mayor empleo? “La legislación actual es rígida, protege a una minoría y no premia al buen trabajador, además de ser confusa, y de no fomentar la formalidad ni la creación de un empleo donde se transforme la materia prima en un producto terminado de alta calidad, que genere un mayor impacto y, por ende, mayor remuneración. Es necesario que seamos más proactivos, atraigamos la tecnología que no poseemos y la aprovechemos en inversión", indica. 

Acciones como la del Ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, quien indicó que aquellas empresas que tengan multas por infracciones laborales, y que no las pagan, no participarán en los procesos de adquisiciones del Estado hasta que corrijan sus prácticas, dan a conocer una intención de cambio en el manejo de la actual gestión gubernamental. Lo importante es que la labor del Ministerio sea cada vez más eficiente, asegurándose de que la presencia del Estado llegue cada vez a nuevos sectores. Vale recordar que el Estado es el empleador más grande del país, de allí que lo ideal es homogeneizar el sistema estatal de remuneraciones y los regímenes laborales.

El actual Gobierno debe actuar con mayor firmeza en relación con el fortalecimiento de los derechos laborales, así como el de los sindicatos y la transparencia en las negociaciones. De no tener éxito esto último, es muy probable que los conflictos sociales sigan estando a la orden del día. Por ello, todas las medidas a ser adoptadas, que tienen como finalidad mejorar la calidad del empleo, deben ser evaluadas con cautela, pues si bien se requieren reformas, cosa que es indiscutible, estas deben evitar la rigidez laboral, o situaciones que propicien mayores niveles de informalidad. Empresarios, sindicatos y trabajadores esperan con ansias que se oficialicen ciertas medidas, algunos con suspicacia, y otros con optimismo y tranquilidad. A esperar, entonces.