Pese a su crecimiento sostenido, las mypes tienen una deuda pendiente: su organización y formalización legal.
“La informalidad es un problema múltiple. Para algunos, es una lacra social, pues constituye una violación sistemática y constante del sistema jurídico; para otros, es el inmenso colchón social que ha impedido que una sociedad, de por sí fragmentada, estalle en conflictos incontrolables”. Las palabras del ex ministro de Trabajo y laboralista Mario Pasco son más que elocuentes e ilustran la complejidad -y antagonismos- que rodean al tema de las pequeñas y microempresas en el país.
Se trata, en esencia, de un debate antiquísimo y entrampado entre dos puntos de vista, al parecer, irreconciliables. Uno ve al microempresario casi como un bandido que aprovecha las deficiencias del Estado; el otro, como un emprendedor que enfrenta, con mínimos recursos, las barreras de una sociedad que lo excluye. Sin embargo, ambas posturas sugieren una realidad mucho más crítica que repercute notablemente en las condiciones laborales de una inmensa mayoría de trabajadores, equivalente al 80% de la población económicamente activa (PEA), según cifras del Ministerio de Trabajo (Mintra).
Sale caliente
Como se sabe, las mypes surgieron durante la década del ochenta, debido a los vaivenes de la economía nacional, tanto en los periodos de reactivación como de recesión. Factores como la quiebra de compañías, la reducida contratación de mano de obra urbana y la iniciativa de invertir en rubros aparentemente rentables, influyeron en la creación de puestos de trabajo “temporales”, los cuales, si bien dinamizaron algunos sectores –comercio y servicios, principalmente-, no consiguieron prosperar, de manera colectiva, en materia de organización y competitividad empresarial. Ya en los noventa, el crecimiento de estas unidades de producción se aceleró debido a las reformas económicas, el creciente desempleo en los sectores menos favorecidos, el proceso de globalización y la carencia de políticas eficaces de regulación laboral.
Tomando en cuenta el contexto y las circunstancias que determinaron su impulso, son entendibles las privaciones que soportan las mypes el día de hoy. Janina León, economista y docente de la Universidad Católica, comenta: “Si miramos la historia del Perú de hace unas décadas, encontramos que gran parte de estos negocios aparecieron en condiciones bastante complicadas, con poco dinamismo económico y bajas ganancias. Por eso, más allá de algunos casos excepcionales, no tenemos un gran número de testimonios de éxito que den cuenta de empresas que hayan logrado convertirse en medianas o grandes”. Esta afirmación se ve respaldada con información proporcionada por la Sunat, la cual revela que la mitad de las microempresas cierra su establecimiento antes de cumplir los tres años de existencia. Por tanto, pese a tratarse de un sector productivo que justifica el 42% del PBI y representa el 98% del universo empresarial en el país, las mypes tienen una estabilidad precaria –sino pretendida-, que dificulta su progreso, rentabilidad y participación en los mercados.
Constitución peligrosa
De alguna manera, esta situación, compleja y crónica a la vez, obedece al reducido poder de producción de las mypes y a sus limitados medios para competir con compañías de mayor capital y envergadura. Estas desventajas, sumadas a las restricciones crediticias impuestas por las entidades financieras, complican el camino hacia su formalización y despunte comercial. Por ello, resulta básico entender que las mypes no son sociedades consolidadas, sino negocios que se encuentran, por lo general, en un proceso de formación. “Se afianzarán cuando cuenten con un mercado asegurado, un número de clientes fieles que les permita obtener un flujo básico que supere su punto de equilibrio y les otorgue la posibilidad no solo de sobrevivir, sino de desarrollarse y crecer”, subraya Ana María Becerra, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico.

Como producto de esta vulnerabilidad, la mayoría de mypes muestra una clamorosa indiferencia respecto a los derechos básicos de sus trabajadores. En efecto, al estar manejadas con cierta improvisación y no reconocer el rigor de los entes fiscalizadores, la cobertura de protección social se ve reducida a proporciones escandalosas, convirtiéndose en un problema dramático, sin soluciones concretas a corto plazo. Al respecto, el estudio “Situación de la micro y pequeña empresa en el Perú”, elaborado por Prompyme (hoy Mi Empresa), señala que la informalidad laboral se concentra en las microempresas, con un porcentaje cercano al 93%. Asimismo, el informe preliminar “Caracterización y problemática de los trabajadores de la economía informal en el Perú”, desarrollado por el Consejo Nacional de Trabajo, revela que el 63% de las empresas nacionales no registra trabajadores en planilla. Ambas estadísticas reflejan la fracción gigantesca de asalariados “fantasmas” locales que se hallan expuestos a diversos riesgos de índole laboral.