La tarea del nuevo Gobierno en temas laborales no es nada fácil: entre aprobar la postergada Ley del Trabajo y los reclamos de los trabajadores por la revalorización de sus derechos, las decisiones que tomen tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben dar señales de consenso y claridad, pese a su innegable complejidad.

Hay una verdad inobjetable: la situación laboral del país, desde hace décadas, es un asunto más que controversial. Así, en el transcurso del presente año, contabilizando los últimos meses del Gobierno de Alan García y los primeros sesenta días del ejercicio en funciones del presidente electo Ollanta Humala, se han puesto sobre la mesa una serie de posibles reformas y medidas para aliviar la situación laboral del país. Un claro ejemplo de esta intención es el compromiso entablado por el presidente con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), durante su campaña electoral, para realizar reformas constitucionales en materia económica, social y laboral, además de proponerles una gestión inclusiva que salvaguarde los derechos laborales de los trabajadores.

Así como el compromiso mencionado, iniciativas como las planillas electrónicas elaboradas por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), o la intención de la actual legislatura de promulgar la Ley General del Trabajo (LGT) —de la cual hablaremos más adelante— también están dentro de una necesaria directriz de apoyo al trabajador, de aumento del control y de fiscalización. Para hacernos una idea de nuestra delicada situación laboral, va este dato: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo un tercio de la población económicamente activa del país se encuentra debidamente empleada, mientras el 55% y 9% están en condición de subempleo y desempleo, respectivamente.

Este es el principal motivo por el que los gremios sindicales solicitan, de manera constante, que el Gobierno plantee una nueva agenda laboral con miras a fortalecer la democracia y la inclusión social, y establezca un marco normativo que promueva relaciones laborales democráticas y garantice un empleo digno. No obstante, en su afán por ganarse a aquel electorado que lo miraba con desconfianza, hace unas semanas el presidente tuvo reuniones con gremios empresariales, a quienes aseguró que mantendría la inversión y, por ende, el crecimiento económico. Este hecho fortalece la idea de que la mejor manera de consensuar es pensando en favorecer a ambas partes, y no a determinados o intereses, personales o corporativos.

Combatiendo (y asumiendo) la informalidad
El álgido problema de la informalidad no solo debe verse como un mero tema laboral, sino también como un espinoso asunto tributario que puede ser perjudicial en términos económicos, en especial para las mypes, que juegan un rol fundamental en nuestro mercado laboral y comercial. Así, lo correcto sería analizar ambos aspectos de la informalidad: su aspecto financiero, relacionado estrechamente con sus recursos y con la mejora de su competitividad, y el aspecto administrativo, vinculado directamente con licencias y permisos. Lo importante —y necesario— es contemplar alternativas realistas que vayan de la mano con la línea de la formalización.

 

Ahora bien, la incorporación de las mypes, y la presentación de sus propuestas, al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) —unidad de concertación laboral del Ministerio de Trabajo que busca concertar en materia de trabajo, promoción del empleo y capacitación—, obedece a la intención de hacer más representativa e inclusiva dicha instancia. Sin embargo, el CNT no está exento de críticas: una de las principales se centra en que sus sesiones descentralizadas (dos por mes), que tienen como objetivo recibir la mayor cantidad de sugerencias técnicas posibles, generan dudas sobre si realmente se discutirán aspectos controversiales, como los referidos, por ejemplo, al despido arbitrario, las indemnizaciones, la negociación colectiva por rama o la eliminación de las services.

Volviendo a las mypes, no cabe duda que su formalización es positiva porque, además de hacer ejercer el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, podrán contar con una serie de beneficios, como la reducción de tasas y multas laborales, financiamientos, capacitaciones, elección del régimen laboral especial (lo cual implica el pago de salarios y beneficios sociales), y un sistema de salud y pensiones por parte del Estado. De todas formas, así como queda claro que la formalización de las mypes es una acción necesaria, su inclusión en el CNT debería ir de la mano con su productividad para que, de esta manera, se puedan tomar las medidas preventivas en caso su tributación aumente.

Entre leyes y expertos
El tema laboral en nuestro país siempre ha tenido ribetes polémicos. La mejor prueba de ello es que el proyecto de la nueva LGT se viene debatiendo en el CNT desde hace más de una década. Pese a que el mandatario, durante su campaña electoral, prometió aprobarla, y la Comisión de Trabajo del Congreso de la República ha manifestado su interés en ratificarla durante la legislatura actual, aún no se ven visos de solución, en vista que tanto trabajadores como empresarios, en su mayoría, velan por sus propios intereses.

Así, para hacer efectiva su aprobación, el Ministerio de Trabajo ha formado un comité de expertos encargados de revisar en un plazo de 60 días dicho proyecto legislativo, para luego de ello presentar una propuesta técnica formal al Congreso. Sin embargo, en la quincena del pasado mes de setiembre, la Comisión de Trabajo del propio Congreso presentó un nuevo proyecto de ley que toma como base el texto debatido en la legislatura pasada, con el fin de ser sometido a análisis a mediados de octubre, adelantando la discusión planteada inicialmente por el Ministerio. Cabe señalar que este nuevo proyecto presentado por Julio Gagó, de la agrupación Fuerza 2011, cuenta con el respaldo de integrantes de la bancada oficialista.

Para Juan Pablo Delgado, presidente de Aperhu, sus expectativas en relación a la recientemente constituida comisión de expertos son bastante limitadas, en vista que se siguen convocando solo a profesionales del derecho laboral sin tener en cuenta que la gestión integral del capital humano requiere un enfoque conjunto de varias profesiones, incluyendo Psicología, Economía, Trabajo Social y otras materias relacionadas. "El Gobierno está cayendo en el error, al igual que sus antecesores, de focalizar la productividad laboral desde la única perspectiva del litigio o legalista. Si se sigue actuando de esta manera, es muy probable que se obtenga más de lo mismo", señala.

Respecto a la demora en la aprobación de esta ley, no quedan del todo claras las razones. Para el economista peruano y profesor de la Universidad de Stony Brook, Silvio Rendón, “la LGT está en revisión desde hace diez años porque los empresarios son, en temas organizativos, políticos y económicos, mucho más fuertes que los trabajadores. Para ellos, resulta más conveniente coexistir sin esta ley”. Es importante mencionar que, salvo alguna modificación política o coyuntural, la LGT regularía las relaciones laborales de la actividad privada que entran en el régimen general, no afectando a otros rubros laborales productivos.

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